Silvia Mijares de Lauría*
La Convención de los Derechos del Niño, inserta de una vez por todas el problema de los menores dentro del ordenamiento jurídico internacional; si bien ello es motivo de alegría, no podemos olvidar que es el respeto y cabal aplicación de esos derechos lo que hará posible que la realidad, que actualmente confronta una gran parte de los niños del mundo, cambie.
Hablar de los Derechos del Niño, es un tema subversivo, pues su defensa conlleva tomar una serie de acciones, que por su amplitud, involucra a todos los sectores de la sociedad y cuestiona, en muchos casos gravemente, las políticas económicas y sociales, así como la correcta aplicación de la ley. Al mismo tiempo, nos obliga a replantearnos el significado de términos como democracia, participación, justicia social, igualdad de oportunidades, entre otros, que tan ufanamente usamos para describir la realidad política y social de nuestro país.
Cuando revisamos las últimas estadísticas presentadas por la OCEI, el INAM y la Policía Metropolitana y analizamos los trabajos de UNICEF, Fundación Cavendes y Fundacredesa, advertimos cómo ha desmejorado la calidad de vida del venezolano en la última década. Este deterioro se manifiesta en el alto número de hogares en estado de "pobreza crítica", en el incremento del índice de desnutrición, en una mayor concentración de la riqueza, en un notable aumento de la deserción escolar, así como en la tendencia que presenta la educación a hacerse cada vez más selectiva y estratificada para un grupo de la población, mientras que para otros sectores no representa siquiera la forma de adquirir una herramienta de trabajo con la cual mantener decentemente a la familia. La trasgresión se hace una subcultura aceptada entre jóvenes que no han tenido acceso al Sistema Educativo y aun para aquéllos que, provenientes de otros estratos de la población reciben el mensaje, frecuentemente trasmitido por los medios de comunicación, donde el ascenso social se logra fundamentalmente en base a la "viveza" o el "azar", y no como fruto del estudio, del trabajo y del esfuerzo individual.
Encontramos un cúmulo de situaciones que son el terreno propicio donde se genera una especie de subcultura cargada de sentimientos agresivos y frustraciones en la cual muchos eligen como válvula de escape las drogas.
Se pone así de manifiesto, una realidad social en donde los Derechos del Niño son vulnerados constantemente, independientemente de que exista una legislación adecuada. No es solamente la existencia de la ley sino su correcta y cabal aplicación lo que hará que esta realidad cambie.
La aplicación de los Derechos del Niño implica lograr para ellos un mejor nivel de vida, en donde se hace primordial el respeto a su condición de niños, garantizándoles en lo posible una vida familiar que permita su cabal desarrollo psico social, una adecuada alimentación, atención médica, educación diversificada acorde a las demandas de los diferentes estratos de la población, protección contra la violencia y la explotación, que en muchos casos ejerce la misma sociedad sobre un grupo carenciado, que un estado de derecho débil es incapaz de defender justamente.
Es frecuente decir que para apreciar el nivel de desarrollo de un país, basta preguntar cuál es su cifra de mortalidad infantil, es decir, cuál es el porcentaje de niños que mueren antes de cumplir el primer año de vida. Yo ampliaría esta idea preguntando: cuál es la cantidad de niños que entra en la adolescencia y en la edad adulta capacitado física, emocional e intelectualmente, para ser útiles a la sociedad y a la patria.
Para hacer que esto lo logre el mayor número de nuestros niños es necesario que exista una adecuada coordinación entre las políticas económicas y sociales y no que estas últimas sean ejecutadas solamente para minimizar el costo político de las medidas económicas. Se hace necesaria la planificación real de políticas educativas, sanitarias, laborales y de aquellas que busquen lograr una mejor distribución de la riqueza. Más explícitamente se puede decir, que la persona tiene que recibir una educación que le sirva para trabajar, y el trabajo le garantice retribuciones que le permitan satisfacer sus necesidades como ser individual y social. Cuando esto no ocurre, comienza a gestarse un proceso de desintegración social que se refleja en la aparición de conductas conformistas o desviadas de acuerdo a las normas de comportamiento socialmente aceptadas.
Hernán Méndez Castellanos ha dicho que el pedimento que hace la sociedad al adolescente es el de una armoniosa incorporación que podría sintetizarse en los cuatro aspectos siguientes:
adquisición de una profesión u oficio que le permita ganarse la subsistencia;
maduración sexual adecuada que lleva al establecimiento de un grupo familiar,
estar ajeno de enfermedad mental y trastornos de conducta,
ser capaz, al llegar a la edad adulta, de ejercer un trabajo creador con objetivos de interés social.
Si la sociedad tiene esos pedimentos para el adolescente, debe suministrarle las oportunidades para que los cumpla. De allí la importancia de prestar al niño la atención necesaria en sus primeros años de vida, creando las políticas sociales adecuadas que contribuyan a formarlo como un individuo útil a la sociedad.
Si hacemos un balance de lo que heredamos y de lo que hemos hecho, tenemos que reconocer que somos uno de los países signatarios de la Convención, que más se ha preocupado por legislar y programar políticas de atención al niño. En este sentido poco sería lo que contempla la Convención que no estuviese ya previsto en nuestra legislación. El problema radica en que hemos sido poco eficaces en la aplicación de las leyes y en la concepción y prosecución de las políticas sociales.
Valdría la pena preguntarnos si este desequilibrio entre legislar y ejecutar, no se profundizó en el país a raíz del auge petrolero de 1972, cuando la influencia de una riqueza fácilmente habida, no favoreció el desarrollo y consolidación del proceso social, sino que distorsionó nuestras costumbres, valores y hábitos de disciplina.
Se hace necesario retomar y fortalecer todos aquellos programas tendientes a mejorar salud, educación, condiciones de trabajo y prevención, que nos permitan formar una población más capaz, apta para el trabajo, y conciente de la importancia de su participación en el desarrollo y progreso de la Nación.
Es asumiendo el compromiso de hacer que los Derechos del Niño sean una realidad como tendremos hombres y mujeres sanos física y mentalmente capaces de asumir, dentro de una verdadera democracia, el reto humanístico y tecnológico que la Venezuela del siglo XXI requiere.
*Socióloga UCAB, Miembro del Dpto. de Ciencias Sociales. Ha sido Decana de Estudios Generales y Presidenta del Instituto Nacional del Menor INAM.
Universalia nº 4 Abr-Jul 1991
